Mucho se ha hablado y escrito sobre la sentencia 0168/13, adoptada el 23 de septiembre de 2013 por el Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Esta medida jurídica despoja de su nacionalidad a más de 200 mil dominicanas y dominicanos de origen haitiano, bajo el pretexto de que sus padres haitianos son migrantes irregulares que están en tránsito en el país; irregularidad que se transmitiría de padre a hijo.
Estos dominicanos que pertenecen a la primera, la segunda e incluso (algunos de ellos) a la tercera generación de los migrantes haitianos se encuentran de un día para otro sin nacionalidad, en el único país que conocen y que los vieron nacer; muchos de ellos no hablan creole ni francés, los dos idiomas oficiales de Haití. Son los nuevos apátridas del siglo XXI, víctimas de una sentencia “legal” pero injusta que definitivamente ha marcado un parteaguas en las relaciones entre Haití y República Dominicana y que ha llevado a la llamada comunidad internacional a denunciar esta sentencia “discriminatoria” en contra de una minoría étnica: los dominicanos afro-descendientes, hijos de migrantes haitianos.
Ante esta ola de condenas, el gobierno dominicano viene realizando esfuerzos por resolver de manera humanitaria la suspensión de la documentación de dominicanos de ascendencia haitiana, por ejemplo, mediante la publicación de la Ley 169-14 del 23 en mayo de 2014 y el Reglamento para su aplicación (a través del Decreto 250-14 del 23 de junio del mismo año); pero, tal como lo plantea el Movimiento Reconocidos, hacen falta más acciones y hechos para que estas legislaciones garanticen un acceso real, ágil y efectivo a la documentación para quienes ya estaban inscritos en el registro civil dominicano o quienes nunca fueron inscritos por este gran muro institucional y administrativo.
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) derivará al Ministerio Público y al Poder Judicial (PJ) la lista de 124 candidatos procesados por narcotráfico y que fue presentada por el ministro del Interior, Daniel Urresti.
Según el máximo tribunal electoral, el objetivo es que estas instancias judiciales tomen las acciones correspondientes.
La información remitida por el ente rector electoral tanto al Ministerio Público y al Poder Judicial permitirá detectar quienes de esta lista poseen sentencias condenatorias por delito doloso y, luego, comunicar de ello al JNE.
El Consejo de Estado aceptó la demanda de nulidad hacia el acto de elección del presidente de la República de Colombia, Juan Manuel Santos Calderón para el periodo 2014 – 2018.
La Sección Quinta del Consejo informó que la resolución 2202 del 19 de junio de 2014 fue demandada por Cristóbal de Jesús Díaz Romero y fue admitida por la Corporación tras estimar que la acción contaba con todos los requisitos legales.
Díaz Romero asegura que Santos incurrió en doble militancia pues pertenecía y se inscribió para su primera candidatura al Partido de La U y luego para su reelección se inscribió por “una coalición de Gobierno”.
Santo Domingo.– El Comité de Solidaridad con las Personas Desnacionalizadas denunció que a casi dos meses y medio de promulgadas la ley especial que reconoce la nacionalidad dominicana a hijos de inmigrantes haitianos que tenían ese derecho, la Junta Central Electoral (JCE) sigue negando documentos de identidad “de forma arbitraria” a esa parte de la población.
“Esto es una burla al Congreso Nacional y del Poder Ejecutivo y desconoce el amplio consenso que precedió esa legislación”, indicó el comité en un comunicado firmado por varios integrantes entre los figuran los economistas Miguel Ceara Hatton y Pavel Isas Contreras, el periodista Juan Bolívar Díaz, el cantante Víctor Víctor, las activistas feministas Sergia Galván y Eulogia Familia, la diputada Guadalupe Valdez, el abogado constitucionalista Cristóbal Rodríguez y el intelectual Wilfredo Lozano.
El diputado oficialista Jorge Landau presentó el proyecto, que contempla la figura del “delegado electoral” para evitar el robo de boletas. Crea una “Escuela de Capacitación” para autoridades de mesa.
A un año de las elecciones presidenciales, el kirchnerismo busca modificar el Código Electoral Nacional. Se trata de un proyecto presentado por el diputado Jorge Landau, que podría ser analizado hoy en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja y busca “fortalecer” el actual sistema de autoridades de mesa.
La iniciativa de Landau impulsa la creación de la “figura de delegado electoral” para evitar irregularidades en los comicios como “el faltante” o “robo” de boletas, al tiempo que plantea un férreo rechazo al cambio de sistema actual de voto por boleta múltiple.