Al menos 256 autoridades, entre gobernadores, asambleístas, alcaldes, concejales, entre otros funcionarios públicos, presentaron su renuncia para habilitarse como candidatos, mientras que pocas organizaciones entregaron las listas de sus postulantes a horas del cierre del plazo de inscripciones.
El período de renuncia e inscripción de candidatos será cerrado a las 24.00 de hoy, de acuerdo con el cronograma aprobado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) rumbo a las elecciones subnacionales del 29 de marzo.
En siete de nueve Tribunales Electorales Departamentales (TED), menos Oruro y Chuquisaca, se informó de al menos 252 dimisiones, aunque la alcaldesa orureña, Rossío Pimentel, y el gobernador chuquisaqueño, Esteban Urquizu, confirmaron que buscarán su reelección; ambos son del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS).
El Registro Civil, la Cancillería y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) iniciaron las coordinaciones para empezar a otorgar, a partir de enero de 2015, la cédula de identidad a los ciudadanos colombianos que tengan el carné de refugio, anunció el director nacional del Registro Civil, Jorge Troya.
Según cifras de la Cancillería, en el Ecuador existen alrededor de 60 mil desplazados como consecuencia del conflicto colombiano.
La Cancillería nos deberá remitir el listado e iniciaremos el proceso de cedulación; por lo pronto, se realiza un trabajo interno sobre cómo deberá ser este documento”, afirmó Troya.
El 9 de enero de 2015, se iniciará la verificación de los requisitos y las causales de "inelegibilidad de candidatas y candidatos por los tribunales electorales Departamentales" para los comicios subnacionales del 29 de marzo del próximo año, informó la vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Dina Chuquimia. La autoridad electoral se refirió, de esa manera, al tema ante los cuestionamientos que surgieron por la emisión de una circular en el que el TSE sostiene que los asambleístas nacionales no podrán postularse para los cargos electivos municipales y regionales, aunque sí podrán hacerlo para las gobernaciones. Dijo que los requisitos para las candidaturas están definidos en la Constitución y que el TSE solo cumple con lo que establece la legislación vigente en el país. En ese contexto, señalo que el procedimiento de depuración de las listas, que presenten las organizaciones políticas, agrupaciones ciudadanas, serán verificadas caso por caso para ver el cumplimiento estricto de las exigencias. El Tribunal Supremo Electoral amplió el plazo para la presentación de documentos habilitantes de las y los candidatos ante los tribunales departamentales electorales hasta el 8 de enero de 2015. Posteriormente se pasará al proceso de verificación del cumplimiento de los requisitos que se realizará en los tribunales electorales departamentales".
El registro biométrico de votantes para las elecciones subnacionales de 2015 se cerró ayer en todo el país con una cifra menor a la proyectada. La última jornada de este corto proceso de empadronamiento (15 días) se caracterizó por la formación de largas filas de ciudadanos que esperaron hasta el último momento para inscribirse.
El director del Servicio de Registro Civil (Serecí) en Cochabamba, Edgar Gonzales, informó que durante el día hubo filas de hasta 60 personas.
Gonzales informó que la instrucción del Tribunal Supremo Electoral (TSE) era inscribir hasta el último ciudadano de la fila sin importar si es más allá de las 00:00, razón por la que no podía anticipar un reporte sobre la hora del cierre de todos los centros y el total de inscritos.
La Fiscalía General de la Nación confirmó la captura del alcalde del municipio de Zambrano, Bolívar, Sebastián Cañas, la tesorera del municipio y un asesor jurídico de esa administración.
La captura está relacionada con una denuncia que investiga el ente acusador, con apoyo de la Misión de Observación Electoral (MOE), por presuntos delitos electorales cometidos en las pasadas elecciones a Congreso.
También se confirmó la formulación de imputación contra Marilyn Naranjo, esposa del Alcalde; la secretaria de Gobierno del mismo municipio y una contratista de la administración municipal. Estas personas presuntamente habrían acordado y ejecutado la comisión de varios tipos de fraude electoral en el departamento de Bolívar.