Los intentos por debilitar la autoridad del Tribunal Supremo Electoral (TSE) por medio de antejuicios y la embestida de los partidos políticos contra esa institución fueron analizados por Mario Fuentes Destarac, abogado constitucionalista, y Luis Fernández Molina, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en el programa Diálogo Libre.
Durante la plática Fuentes declaró: “Querer manosear al TSE es un retroceso en la vida política del país. Con ello se está erosionando la credibilidad. Es preocupante esto de antejuiciar a los magistrados, que implica dejarlos fuera de los cargos”.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE), aprobó el acuerdo 85-2015 con el que se autoriza la impresión de papeletas y se define el color que se utilizará en las mismas, para las elecciones generales en septiembre próximo.
El acuerdo hecho público este jueves, define que a solicitud de la Dirección Electoral, el pleno de magistrados conoció y aprobó la impresión de 8.2 millones de papeletas por cada una de las elecciones que se llevarán a cabo.
Esto significa que serán 41 millones de papeletas, sin contar las de la eventual segunda vuelta en la elección presidencial, de realizarse de ser necesario en noviembre.
Aunque no se definen aún todas las medidas de seguridad que llevarán las papeletas, sí se aprobó que lleven una marca de agua.
La papeleta blanca se definió para la elección de Presidente y Vicepresidente de la República, mientras que la verde será para la Diputados al Congreso por Lista Nacional. El color celeste identificará las papeletas para Diputados al Congreso por Distrito Electoral, mientras que la de color rosado y amarillo se utilizará para las Corporaciones Municipales y Diputados al Parlamento Centroamericano.
Los partidos políticos registraron una mayor votación para sus candidatos a diputado para la Asamblea Legislativa que para los aspirantes a ocupar una curul dentro del Parlamento Centroamericano (PARLACEN). Las cifras consolidadas del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de votos válidos, aunque aún están en juego algunas actas que solo podrían aumentar las cantidades para cada grupo político, reflejan que el elector se decantó por dar más relevancia a la elección por el Órgano Legislativo salvadoreño.
El 1.º de marzo de 2015 fue la primera votación en El Salvador para elegir a 20 diputados al PARLACEN, luego de que este parlamento se instituyó con la conformación del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). De hecho, el PARLACEN es una especie de “órgano legislativo centroamericano” que trabaja en coordinación con un “órgano ejecutivo regional”, que es el sistema de presidentes de los países centroamericanos, y con un “órgano judicial” que es la conocida Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), todo dentro del SICA.
Esta primera elección se unió a la de diputados de la Asamblea Legislativa, en la que cada departamento salvadoreño escogió a un número determinado de diputados por circunscripción departamental –a diferencia del PARLACEN, que fue nacional, es decir una sola papeleta.
Y también fue simultánea a la de concejos municipales, en la que cada uno de los 262 municipios decidió quién será su alcalde o alcaldesa durante los próximos tres años.
Directores de la Junta de Vigilancia Electoral (JVE), que pertenecen al Partido de Concertación Nacional (PCN), Partido Demócrata Cristiano (PDC) y a ARENA, calificaron de “falta de transparencia y como un error” la decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE), de decretar reserva total sobre los contratos con las empresas encargadas de procesar, transmitir y divulgar los resultados preliminares de las pasadas elecciones.
El TSE decidió decretar por unanimidad el pasado 4 de marzo la información de los contratos con las empresas por un período de cinco años o “hasta que finalicen las investigaciones”. Eso fue confirmado por los magistrados Ulises Rivas Sánchez y Fernando Argüello Téllez.
De acuerdo con Selim Alabí, director de la JVE y miembro de ARENA, pese a que el TSE se ha declarado como un organismo transparente, esta decisión contradice ese discurso.
Florentín Meléndez, magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), dijo ayer que resolverán todas las demandas presentadas contra las pasadas elecciones hasta que el proceso electoral haya terminado.
“Sí, hay varias demandas; pero en este momento no hay actos definitivos sobre los cuales reclamar por que el proceso no ha concluido. La Sala de lo Constitucional solo interviene examinando hechos ya consumados, definitivos. Habría que esperar hasta que concluya el proceso”, dijo el magistrado.
Agregó que los constitucionalistas son miembros de un tribunal y “no políticos”, por lo que deben tener cautela en esperar que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) termine su trabajo para pronunciarse y emitir resoluciones.